PARQUE DE ARTILLERÍA

Defensa envía a la Intervención General del Estado la documentación de Santa Bárbara

El Presidente de la Asociación de Vecinos de la barriada Juan XXIII, Miguel Ángel Gómez ha mantenido esta mañana una reunión en el INVIED del Ministerio de Defensa propietario de los terrenos del acuartelamiento de Santa Bárbara.

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Foto de la web del PSOE.m
burgosnoticias.com  | 09/01/2018 - 14:06h.

Al término de la reunión que se ha prorrogado por espacio de hora y media, los mandos militares le han informado que tras haberse declarado por dos veces desierta la subasta y tras acudir un grupo inmobiliario depositando como fianza el 5% del importe previsto, toda la documentación está ahora en manos del la Intervención General del Estado, quién deberá dictaminar y resolver al respecto. Todo apunta en la línea de que una vez que se de ese visto bueno la inmobiliaria deberá depositar el 95% restante para ser ya nuevo propietario de todos los terrenos.

Según parece, desde el INVIED han lamentado que por parte municipal, el alcalde enviara tarde su intención de que el Ayuntamiento pudiera hacerse con la titularidad de los terrenos, así como que la oferta de intercambio por 11 parcelas, según valoración de sus técnicos no llegaba ni de lejos a los 12 millones que quiere conseguir el ministerio de defensa.

Recordamos que de los aproximadamente 48.000 metros de terreno se destinarían a viviendas no más de 9.000, en los que está prevista la construcción de un máximo de 350 viviendas, la mitad de ellas de Protección Oficial, ocupando el resto de metros con zonas verdes, aparcamientos, viales y dotaciones públicas.

Por lo tanto, ahora el Ayuntamiento deberá negociar con la inmobiliaria una vez que esta sea propietaria de los terrenos y si se llega a un acuerdo poder permutar los mismos por otras parcelas municipales que el Ayuntamiento de Burgos tiene en diferentes zonas de la capital.

También cabe la posibilidad, aunque con opciones muy remotas de éxito, de que el Consistorio decida cambiar la calificación de los terrenos, en cuyo caso, el Ministerio de Defensa acudiría a los juzgados para hacer valer sus derechos, ya que en su día Ayuntamiento y Defensa firmaron varios convenios  con relación al aprovechamiento urbanístico de esa zona de la ciudad.

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