SUCESOS

La Guardia Civil investiga a un empresario por un delito contra los derechos de los trabajadores

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El SEPRONA "seguía la pista" de unos vertidos de fibrocemento aparecidos en un contenedor municipal destinado a recogida de escombros. Se ha constatado que la empresa no estaba habilitada para el trabajo con material compuesto de amianto (M.C.A.) y tampoco siguió el protocolo de Prevención de Riesgos Laborales.

Redacción BurgosNoticias 
18/10/2019 - 12:54h.

La Guardia Civil ha investigado en Burgos a J.J.E.G. (43) como presunto autor de un delito contra los derechos de los trabajadores y levantado varias actas denuncia a la empresa a la Ley de Residuos por depósito de escombros de residuos de materiales que contienen amianto.

Los hechos venían siendo investigados desde el pasado mes de abril, cuando el SEPRONA tuvo conocimiento del vertido de 52 tubos de bajantes procedentes del desescombro de una obra, sospechosos de contener fibrocemento.

El material había sido arrojado en unos contenedores municipales que el ayuntamiento de una localidad del Alfoz había dispuesto en el punto limpio para la recogida de escombros procedentes de pequeñas obras.

Las pesquisas llevadas a cabo durante estos meses han determinado que el material fue trasladado en una furgoneta propiedad de una empresa, y vertido en varios viajes en los contenedores municipales, por parte del empresario y uno de los trabajadores.

La empresa fue inspeccionada y se recogieron muestras del material que ha sido remitido al Laboratorio del SECRIM de la Guardia Civil.

Fruto de estas acciones se ha verificado que no se tomaron las medidas de seguridad durante el traslado del material y su vertido, todo ello conforme al protocolo de Prevención de Riesgos Laborales, ya que se encontraban trabajando con Material Compuesto de Amianto (M.C.A.) careciendo de equipos de protección individual o mascarillas.

La empresa no estaba inscrita en el Registro de empresas con Riesgo de Amianto (R.E.R.A.) y por tanto no esta habilitada para este tipo de trabajos.

Como resultado el propietario de la empresa ha sido investigado como presunto autor de un delito contra los derechos de los trabajadores y se han levantado varias actas denuncia a la Ley de Residuos que serán dirigidas al Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León.

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