Los 33 Medios de Comunicación pertenecientes a 29 empresas informativas de las 9 provincias de Castilla y León, expresan su estupor ante el comunicado de prensa publicado ayer por el Grupo Socialista en las Cortes de Castilla y León.
Dicha información puede catalogarse precisamente como 'fake new', porque alude a un acuerdo con estos mismos Medios para puntualizar en sede parlamentaria su propia reforma de la Ley de Publicidad Institucional promovida junto a VOX, y que también recabó el apoyo del procurador del grupo mixto, Fracisco Igea, y del también único representante de Podemos, Pablo Fernández.
La totalidad de Medios implicados niegan las afirmaciones de dicho comunicado, al tiempo que reprochan precisamente que difundan este tipo de noticias falsas que dicen perseguir.
El comunicado asegura que el secretario general del PSOE-CyL (y candidato a las elecciones Autonómicas de marzo), Carlos Martínez, "cumple su compromiso de registrar el acuerdo alcanzado con los medios de comunicación, especialmente los más pequeños, con los que el PSOE ha venido trabajado en esta propuesta legislativa".
Los 33 Medios niegan que se haya producido reunión de trabajo alguna, siquiera contacto sectorial alguno, y por supuesto acuerdo alguno durante los meses transcurridos desde la aprobación de la Ley en julio. ¿Podría detallar el Grupo Socialista con qué Medios y en qué fechas se produjeron estas reuniones de trabajo?
Precisamente los Medios demandantes, junto a otros grandes grupos de Comunicación, expresaron en la única reunión celebrada en junio, a escasos días de la tramitación parlamentaria de la Ley, su preocupación por los efectos de un marco normativo que no se había tratado en una sola línea con el sector (ni empresas informativas ni Colegio de Periodistas de Castilla y León). Lo mismo ocurre ahora con esta modificación, que viene a reafirmar que la Ley era un desastre en su articulado, que expone a los Medios a una indefensión jurídica y que además contraviene la legislación estatal en materia de contratos con la administración pública, al establecer un porcentaje máximo de publicidad institucional.
Es por ello que los Medios reafirman la necesidad de que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León imponga medidas cautelares a la aplicación de la norma mientras avanza la demanda por inconstitucionalidad. Esta anulación de una Ley que pone en riesgo a la totalidad del sector, es ya el único objetivo de las empresas demandantes.
Medios y Colegio de Periodistas ya advirtieron a los grupos promotores del cambio de la Ley, que motivaría despidos y cierres de Medios locales, donde la promoción comercial de publicidad es totalmente insuficiente para mantener la labor informativa, en ocasiones única, para dar cobertura en determinados territorios.
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