El presidente del Servicio de Movilidad y Transporte, José Antonio López ha valorado de forma positiva la concesión de la prórroga de un año al Ayuntamiento de Burgos por parte del Ministerio para la implantación de la Zona de Bajas Emisiones hasta el 31 de diciembre de 2024.
En este sentido, ha aclarado que el Ministerio con esta concesión no le ha hecho ningún favor al Ayuntamiento, sino que aplica la legalidad y ha recordado que desde el pasado martes el Consistorio ya conocía esta noticia, y prefirió no comunicarla hasta no haber mantenido una reunión de urgencia, y analizar los pasos que hay que dar para implantar la Zona de Bajas Emisiones con el fin de que sea lo menos gravoso para la ciudad tras la anulación del contrato.
Tras afear el comportamiento del portavoz socialista, Daniel de la Rosa acusándolo de falta de lealtad institucional por salir antes que el Equipo de Gobierno a comunicar esta prórroga del Ministerio, López ha adelantado que el coste para el Ayuntamiento por la mala gestión socialista puede llegar a 1.250.000 euros que aparecen en el expediente judicial si no se toman las decisiones acertadas .
Para intentar minimizar los efectos económicos para la ciudad, se ha constituido una mesa de Trabajo compuesta por miembros del Equipo de Gobierno, técnicos municipales y representantes de la empresa para buscar una solución lo más amistosa posible tras la rescisión del contrato.
Sea como fuere, se va a intentar ser escrupulosos con los plazos para llegar al 31 de diciembre de 2024 con la implantación de la Zona de Bajas Emisiones ya establecida con un criterio técnico y no político.
Asimismo, ha desmentido las palabras de De la Rosa en las que afirmaba que con la concesión de la prórroga se iban a salvar los siete millones de Fondos Europeos y ha asegurado que este plazo se ha alargado hasta el 31 de diciembre de 2024 que podría llegar a 31 de diciembre de 2025, si se justifica de forma debida.
Al respecto, ha señalado que la concesión de esta prórroga se ha debido en buena medida la trabajo de los técnicos, antes de añadir que se va a trabajar duro para que la ciudad no se vea obligada a soportar 10 millones de euros, los siete de los Fondos europeos, más las los 1,2 de indemnización de la empresa y el añadido del lucro cesante, que es el beneficio que la empresa dejar de ingresar por la rescisión del contrato.