Cristina Ayala, regidora local, tras recordar que "no han tildado de tontos a ningún burgalés", ha explicado que se tomarán las medidas pertinentes para actuar contra la deuda de 855.000 euros que la empresa de recarga de las tarjetas de autobús Prepay ha contraído con el Consistorio de la capital
En este sentido, ha anunciado que tomarán medidas concursales, de tal forma que la recaudación esté protegida y evitar que el agujero se haga más grande, medidas para garantizar la prestación del servicio mediante una empresa alternativa, medidas penales y la puesta en marcha de un procedimiento interno dentro del Ayuntamiento para intentar que esta situación no vuelva a repetirse.
Ayala ha aseverado que darán trascendencia penal a la estafa, aunque desconoce si como un delito contra la Hacienda Pública o como un delito de apropiación indebida. Lo cierto es que lo ocurrido es que una empresa ha estafado al Ayuntamiento, aunque ha puntualizado que "el Ayuntamiento no se ha quedado mirando al sol, sino que lleva meses trabajando para dar solución a la estafa". Asimismo, reconoce que ha habido un problema dentro del Consistorio y que se tiene que investigar lo sucedido.
A este respecto, la alcaldesa ha revelado que en mayo de 2023, con el PSOE al frente del Equipo Municipal, se constataron los primeros impagos de la empresa, un problema que arrastra a distintos Equipos de Gobierno, según ha indicado.
No obstante, en diciembre de ese mismo 2023 el Ayuntamiento renovó el contrato a la empresa, desconociendo que hubiera irregularidades con las facturas, ya que los informes técnicos elaborados por el Área de Movilidad no lo reflejaban, a pesar de que debiera dinero, ha explicado Ayala.
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