Vox, el socio preferido por Mañueco desde la noche electoral

Castilla y León, en su momento la última comunidad autónoma en incorporarse al Estado de las Autonomías, acaba de hacer Historia al convertirse en la primera que incorpora a sus instituciones a un partido, Vox, que, renegando del modelo autonómico, propugna el regreso al Estado centralista del régimen anterior y, como paso previo, la inmediata devolución de las competencias en Educación y Sanidad. Un partido que no reconoce la violencia de género, criminaliza la inmigración, niega el cambio climático, abomina de la Agenda 2030 de Naciones Unidas y está plenamente alineado con la extrema derecha europea populista y euroescéptica de Le Pen, Orbán, Salvini y compañía.

Hasta aquí nos ha traído el rosario de despropósitos protagonizado el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, a partir del irresponsable adelanto electoral decretado el pasado 20 de diciembre. Creyéndose capaz de emular el resonante éxito de Isabel Díaz Ayuso, ese día, en plena fase ascendente de la ola más contagiosa de la pandemia, Mañueco decidió ponerse el mundo por montera, prescindió de Ciudadanos como socio de gobierno, disolvió las Cortes dejando colgados los Presupuestos de 2022 y convocó a las urnas para el 13-M.

Toda una pifia política: Su pírrica victoria, alejada de las expectativas del PP de aproximarse a la mayoría absoluta y poder gobernar en solitario, disparaba como tercera fuerza política (13 escaños) a Vox, partido que había advertido durante toda la campaña electoral que no apoyaría la investidura si no era a cambio de entrar en la Junta.

De boca de Mañueco nunca salió objeción alguna hacia el pacto con Vox. El que no estaba dispuesto a traspasar esa línea roja era el presidente del partido, Pablo Casado, cuya hoja de ruta hacia La Moncloa excluía rotundamente un pacto que le mimetizara con la extrema derecha. Una línea roja que Casado se había comprometido a no traspasar ante la dirección del Partido Popular Europeo, como se ha encargado de revelar su presidente, Donald Tusk, el mismo que ha calificado como "capitulación" el pacto de gobierno suscrito en Castilla y León.

Con Casado al mando, la única alternativa para evitar una repetición electoral que catapultaría aún más a Vox, era una eventual abstención socialista que, a modo de cordón sanitario frente a la extrema derecha, permitiera al PP gobernar en minoría. Pero Mañueco no tenía el menor interés en asumir esa incómoda fórmula, como bien se vio al levantar bruscamente la única reunión mantenida con Luis Tudanca y declarar después al PSOE como partido "autoexcluido" del diálogo.

Fulminado Casado, vía libre para pactar con Vox

Si Mañueco se permitió ese desprecio fue porque en esa fecha, 21 de febrero, Casado ya había cavado su propia fosa y su inevitable defenestración iba a dejar sin efecto el veto que mantenía sobre el pacto con la ultraderecha. Liberado de ese veto, el presidente en funciones veía el cielo abierto para pactar con Vox, que era su oculta preferencia desde la misma noche del 13-F.

A partir de ahí asistimos a una fallida maniobra del PP, consistente en excluir la composición de la Mesa de las Cortes del pacto de investidura con el fin de hacerse con la presidencia de la Cámara sin contar con Vox. Para ello se vale de los tres procuradores de "Soria ¡Ya!, que entran como pardillos en el juego de mezclar su voto sobre dicha Mesa con reivindicaciones que solo competen a la Junta, actitud con la que se han retratado y en pose nada airosa.

Mañueco pretendía escamotear a Vox la presidencia de las Cortes y premiar con ella al secretario autonómico del PP, Francisco Vázquez, convencido de que ello no pondría en peligro la posterior negociación sobre la investidura, en la que siempre encontraría forma de compensar a la extrema derecha con algún extra especial, verbigracia un escaño de senador autonómico.

Y así transcurren los días a la espera del jueves 10, día de la constitución de las Cortes y de la elección de su Mesa.  Mañueco mantiene el órdago dispuesto a llegar a la sesión sin acuerdo con Vox, sin sospechar que Santiago Abascal, informado siempre en tiempo real, va a decidir tomar cartas en el asunto lanzando un ultimátum que desarma toda la jugada del PP: O hay acuerdo sobre las Cortes con la presidencia y una secretaria para Vox o rompemos la baraja, tampoco hay acuerdo para la investidura y vamos a nuevas elecciones.

Esto último fue como mentar la soga en casa del ahorcado, máxime tratándose de la única línea roja marcada por Alberto Núñez Feijóo, quien, por supuesto al corriente de todo, por nada del mundo quería iniciar su mandato con esa envenenada convocatoria electoral. Y es así como en la noche del miércoles a Mañueco le entra el vértigo, se apea del burro y accede las exigencias de Vox. A primera hora de la mañana se sella el reparto de sillones, a mediodía se elige la Mesa de las Cortes y finalizada la sesión parlamentaria, Mañueco y García-Gallardo comparecen felices y dichosos para dar a conocer el acuerdo de gobierno que deja en manos de la extrema derecha la vicepresidencia y tres consejerías de la Junta.

Balbuceos que hablan por sí solos

El documento, apenas cinco folios plagados de ambigüedades y redundancias, se ultimó deprisa y corriendo en la misma mañana del jueves. Y aunque en el no aparecen tal cual las medidas más extremas de Vox, el socio del PP cuela una de sus más preciadas propuestas, la Ley contra la Violencia Intrafamiliar, el instrumento concebido para diluir la Ley de Violencia de Género.

Durante la balbuceante rueda de prensa ofrecida tras reunirse con los 9 presidentes provinciales del PP, Mañueco aseguró que la vigente Ley autonómica de Violencia de Genero no se derogará, sino que será "complementada" con la nueva sobre "violencia intrafamiliar". No se derogará, pero tampoco se actualizará conforme al Proyecto que tramitaban las Cortes disueltas. (Obsérvese cómo la expresión "violencia de género" ha desaparecido del vocabulario de los dirigentes del PP).  Y ni que decir tiene que no se rescatará la Ley de Derechos LGTBI en Castilla y León, igualmente en trámite durante la anterior Legislatura.

Vox deja otra de sus improntas en la referencia a un modelo educativo "libre de adoctrinamiento ideológico", algo que, según el presidente en funciones, no comporta la introducción del llamado "pin parental", si bien en Murcia ya se las han arreglado para implantar un sucedáneo. Y el último punto del documento hace referencia a una "inmigración ordenada" que tampoco ha sido capaz de definir Mañueco. Quizá le sirva de pista lo que proponía literalmente Vox en su documento de máximos: "La Junta colaborara con la policía en la identificación de inmigrantes ilegales para que puedan ser expulsados".

Ahora falta por ver qué áreas de gobierno caen en manos de Vox. Aunque se daba por hecho que la amortización de la consejería de Transparencia iba a reducir a 9 el total de consejerías, el desdoblamiento de Fomento y Medio Ambiente mantendrá su número en 10. Precisamente la de Fomento es una en la que se ha mostrado interesado Vox, que también tiene la vista en las de Empleo y Cultura. Si se hace cargo de la de Empleo, el Diálogo Social puede convertirse en el primer y mayor foco de conflictos, habida cuenta de la mutua animosidad entre los sindicatos –defensores del cordón democrático frente a la ultraderecha- y Vox, partidario de suprimir las subvenciones a las organizaciones sindicales y empresariales.

Con siete consejerías asignadas al PP, Mañueco puede mantener a todo su equipo anterior y todavía nombrar a un consejero más. Aunque la gran novedad puede consistir en la salida del hasta ahora consejero de Presidencia, Ángel Ibáñez, para hacerse cargo de la portavocía del grupo parlamentario de las Cortes. Ibáñez sería el relevo de Raúl de la Hoz si se confirma que éste pasa a ser el hombre de Mañueco en Génova, donde ocuparía una de las vicesecretarías del equipo de dirección de Núñez Feijóo. Con ello habría como mínimo dos caras nuevas dentro del bloque de consejeros del PP.

Pero lo sustancial es que por primera vez un Parlamento Autonómico confía su presidencia a un partido de extrema derecha, que a la vez asume la vicepresidencia y tres consejerías del gobierno de la comunidad. Un retroceso de corte preconstitucional que añade combustible a la polarización política incompatible con cualquier consenso. Fernández Mañueco, un político otrora tenido por pusilánime, se ha revelado como un gobernante sin escrúpulos capaz de degradar la calidad de la democracia española con tal de seguir en el Poder.

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