SANIDAD
El modelo del HUBU pone en riesgo la vida de los pacientes de Burgos y de CYL
Sanidad Pública Burgos ha remitido una nota en la que señala que en el verano de 2018, SACyL resuelve encargar a la concesionaria del HUBU, de conformidad con el contrato de concesión suscrito, la instalación de un PET-TAC, un aparato de alta resolución y tecnología punta, imprescindible hoy día para el diagnóstico y seguimiento de los pacientes de cáncer. Solo existía y existe uno igual para todo el territorio de Castilla y León, en Salamanca y este de Burgos es a todas luces imprescindible para la correcta atención de los pacientes oncológicos de la región. La resolución fijaba un plazo de 90 días a EFICANZA para que lo instalase, con un presupuesto de 3.4 millones de euros.
08/07/2020 - 13:49h.
Han pasado dos años y el PET sigue estancado por los sucesivos recursos de oposición de EFICANZA para desesperación de los médicos y desamparo de los pacientes. El 6 de septiembre de 2018, la empresa concesionaria comienza un periplo de reclamaciones y argucias, por vía administrativa y judicial, eludiendo la orden emitida por el SACyl, tal como establece el contrato que suscribió.
Mientras, los enfermos de cáncer de Burgos y las provincias limítrofes padecen demoras en el diagnóstico y largos desplazamientos, con frecuencia en muy mal estado de salud. Todo porque a la necesidad del paciente se interpone el interés económico de una empresa comercial que actúa en régimen de "colaboración público-privada", el modelo elegido por la Junta del expresidente Herrera para sustituir al viejo Hospital Yagüe de Burgos. El funcionamiento es fácil de entender: la empresa alquila a la Junta las instalaciones contra un pago anual que, por cierto, está resultando ser el doble del previsto en el proyecto inicial. La concesionaria, además de encargarse de todas las reparaciones y suministros, debe realizar la renovación del equipamiento, incluidos los avances tecnológicos, actuando de facto, en régimen de monopolio.
La Junta no puede comprar ni una bombilla para reponer; todo lo debe hacer el "casero", a su precio, cuando quiere y si no le interesa; está llevando a juicio todas las peticiones del SACyL y allí se eterniza mientras los enfermos sufren la carencia. ¿Es esto "colaboración"? ¿Es razonable implantar un sistema como este o que, conocidos los enormes problemas que está generando, no se rescinda el contrato de inmediato?
Para colmo, hay que aclarar que La Junta viene anticipando a EFICANZA, desde la primera cuota mensual, importantes cantidades de dinero para que la concesionaria haga frente a las renovaciones de los equipos en el momento en que se sea necesario. Como consecuencia de los anticipos, realizados por la Junta, la empresa concesionaria dispone, según el balance registrado de 2018, de más de 57 Millones de € (ahora, en 2020, esa disponibilidad puede superar los 65 M de €). ¡Que ese dinero, nuestro dinero, esté en manos de una empresa privada, sin especial control, y que esta se oponga sistemáticamente a usarlo en lo que está obligada, es absolutamente escandaloso!
Desde el mes siguiente de la firma del contrato en 2006, la empresa concesionaria ha estado recurriendo todas las peticiones del SACyL. A finales de 2019 se contabilizaban 58 procedimientos judiciales en curso, muchos ya en el último escalón, el Contencioso-Administrativo ¡Vaya "colaboración"!
En lo que se refiere al PET-TAC, una parte de los tres millones y medio de euros que cuesta, lo que corresponde a la obra de adaptación para instalar la máquina, la debe pagar el SACyL aparte a la concesionaria. Las exigencias de esta van elevando el coste de unos 400 mil€, del proyecto inicial a casi 1 millón y esto no ha terminado - siguen los desacuerdos- pero en realidad ni ha comenzado. No hay ni rastro de la máquina, reitera la Plataforma por la Sanidad Pública en Burgos.
Está indiscutiblemente demostrado que este tipo de contratos es altamente lesivo para la gestión sanitaria y logística y es absolutamente injustificable desde un punto de vista económico. Llevamos siete años explicándolo. Hemos exigido a la anterior Junta de CyL un estudio de viabilidad de salida del contrato que nunca quiso llevar a cabo ¿por qué? Comenzamos las conversaciones con el nuevo SACyL que se vieron interrumpidas por el Covid.
Los pacientes de Burgos y los de Castilla y León no tienen que seguir pagando con su dinero y su salud las aberraciones del modelo. Este hecho del PET no hace más que abundar en ellas y poner urgencia en rescindir el contrato. Hemos ofrecido colaboración al SACyL, al de antes y al de ahora. Se sabe por experiencias internacionales que el rescate del contrato es muy beneficioso para las arcas públicas y aporta grandes ventajas operativas; se conoce lo que se puede hacer y cómo hacerlo.
Pasado el shock del Covid, que entendemos que acaparó todas las energías de la Administración Sanitaria, EXIGIMOS que se retome de forma inmediata, decidida e irreversible la recuperación del HUBU para la propiedad y gestión pública por el bien de todos los castellanos y leoneses