Burgos tendrá un nuevo modelo de atención residencial

Blanco ha explicado que la subida "va a llegar a más de 52.000 beneficiarios" y conlleva un incremento de 17'2 millones de euros.

La responsable de Familia ha hecho este anuncio durante la firma del protocolo de colaboración entre la Gerencia de Servicios Sociales y la Asociaciones LARES y ACALERTE, con el objetivo de desarrollar un nuevo modelo residencial con atención integral centrada en la persona.

El protocolo firmado acoge medidas como la formación específica de los profesionales en la atención libre de sujeciones, tanto físicas como químicas, que se impartirá en 409 centros y con "entidades especializadas".

También se recoge la formación general de los trabajadores, desde gerentes hasta los que atienden a los residentes. Se impartirán 45 cursos presenciales, en Burgos se organizarán cinco (dos de LARES y tres de ACALERTE).

Además, en este acuerdo que tiene una duración de cuatro años, con posibles prórrogas anuales, se apuesta por la colaboración en la reubicación temporal de las personas por cierres de centros o motivos de fuerza mayor. Se ha fijado en un periodo no superior a tres meses, ya que se deberá pactar con la familia y la persona afectada el destino definitivo.

También se quiere mejorar la detección y atención de personas en situación de soledad: así como la mejora y remodelación en centros de Burgos, ha concluido Blanco.

Para las otras partes firmantes, este acuerdo establece una mejora de la financiación en las residencias, ya que para el presidente de LARES, Jorge Sainz, una mala inversión es equivalente a una mala atención. Por su parte, para su homólogo de ACALERTE, Diego Juez, se ha dado un "paso interesante", aunque aún no se ha avanzado lo suficiente.

Ahora queda que el Consejo Territorial de Servicios Sociales establezca si se modifica o no la ratio entre profesionales y residentes para que se adapten los centros al nuevo modelo.

En otro orden de cosas, a preguntas de Burgos Noticias sobre la financiación que la Diputación hace de las residencias, la consejera de Familia ha asegurado que este gasto no es una competencia impropia, al contrario de lo que han denunciado desde el Gobierno provincial desde hace más de once años, sino que se contempla en la Ley de Servicios Sociales que son las entidades locales las responsables. De esta manera, no se espera que se ponga remedio a la denuncia de la Diputación sobre el gasto de 30 millones en el mantenimiento de los centros.

Eso sí, desde la Junta ayudarán a modernizar y adaptar el modelo gracias a los Fondos Europeos, ha reseñado.

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