Al gobierno de Mañueco le crecen los enanos

Viene lo anterior a cuento de la decisión del grupo popular de las Cortes de recurrir en amparo ante el Tribunal Constitucional el acuerdo de la Mesa de la Cámara de tramitar -a su juicio improcedentemente- un conjunto de enmiendas de la oposición al proyecto de reforma de la Ley de Publicidad Institucional de Castilla y León (que, dicho sea de paso, no regula para nada los criterios de adjudicación de dicha Publicidad, distribuida discrecionalmente a través de la "chequera mediática" manejada al antojo del PP desde el Colegio de la Asunción).

Por primera vez en los tres años de la actual Legislatura -y no habrá sido por falta de ocasiones anteriores- el grupo popular discrepa del informe de los servicios jurídicos de las Cortes e interpondrá recurso ante el Constitucional. Lo ha anunciado su portavoz, Ricardo Gavilanes, quién, por cierto, sigue sin aclararnos si, a pesar de percibir más de 100.000 euros anuales de retribución por su supuesta "dedicación exclusiva" a la función parlamentaria, sigue compatibilizando dicha tarea con su labor profesional en el bufete familiar de abogados del que es socio fundador.

He decir que la noticia de que el PP de Castilla y León solicita el amparo del Tribunal Constitucional al considerar vulnerados sus derechos en el "mausoleo" de Villa del Prado me ha resultado conmovedora. Más que nada por la existencia de un precedente que al grupo popular, entonces presidido un tal Juan Vicente Herrera, otro jurista de tres al cuarto, no le dejó en el mejor lugar. Me estoy refiriendo al amparo solicitado al Constitucional en 2018 por el grupo parlamentario socialista, ante la trapacera obstrucción sufrida por la comisión de investigación creada para esclarecer los innumerables pufos (Perla Negra, polígono de Portillo, trama eólica, etc. etc.) detectados en la antigua consejería de Economía, comisión obscenamente bloqueada por el grupo popular, que tuvo la desfachatez de tirarse meses y meses sin convocarla.

Ante esta insólita situación, los socialistas solicitaron primero el amparo de la Mesa de la Cámara, que, presidida todavía por Silvia Clemente, se desentendió del asunto argumentando que la responsabilidad de convocar o no la comisión recaía exclusivamente sobre su presidente, por entonces el procurador del PP, Julián Ramos, el alcalde de Guijuelo que años después, en 2022, coincidió (el mundo a veces es un pañuelo moquero) con Mañueco en la accidentada final de la Champions disputada en París por el Madrid de sus amores. (Lo de accidentada está aún por contar al completo).

El resultado fue que en 2019 el Constitucional concedió el amparo al PSOE, obligando a la Mesa de la Cámara a adoptar las medidas pertinentes para desbloquear los trabajos de la comisión. Todo un varapalo jurídico a la Mesa de la Cámara, aunque su máximo responsable político no era otro que el mencionado J. V. Herrera (hoy consejero nato del Consultivo, con una morterada anual de 82.356 euros, y sin sentirse concernido por la sentencia condenatoria del caso Perla Negra), junto al entonces portavoz del grupo popular, Juan José Sanz Vitorio, alias "Elitri" (no confundir con "El Litri") y "El Patilla". Sanz Vitorio, actual senador con aspiraciones vitalicias, y su posterior sucesor en la portavocía, el inevitable Raúl de la Hoz, "el guapo de Discoteca" ("Por Ávila" dixit), fueron los encargados de intentar por todos los medios a su alcance de que no salieran a la luz en la comisión parlamentaria los putrefactos cadáveres guardados en los armarios de doble fondo de la consejería que gestionó el desaparecido Tomás Villanueva.

Curiosamente, ambos procedían de distintos encastes peperos. Vitorio, lacayo parlamentario del hoy decrépito exvicepresidente Joseantonio de Santiago Juárez, fue tan herrerista que se recorrió media comunidad, solo o en compañía de una fotogénica alcaldesa segoviana, haciendo campaña en favor del crédulo Antonio Silván, otro que vegeta a cuerpo de rey en el Senado. Sin embargo, el hoy eurodiputado Raúl de la Hoz, único superviviente actual del histórico "clan Villanueva", resultó ser un "tapado" de Fonsi Mañueco hábilmente camuflado por su compi Pedro Viñarás, el primo del "primo de Zumosol" y sempiterno tesorero regional del PP. Y en reconocimiento por los servicios prestados en las primarias, cuyo comité presidió, De la Hoz fue recompensado por "Fonsi" con el puesto de portavoz del PP en las Cortes en sustitución precisamente de Vitorio, a quien, eso sí, se le respetó -la omertá es la omertá- el momio de los noventaitantos mil del ala (y de ahí, a dormitar en la Cámara Alta).

A lo que iba. Ya que no regula ese pozo sin fondo de la publicidad institucional, de la que se benefician determinados pseudomedios infames, lo que se hace la ley que lleva ese nombre es dar soporte legal a la multimillonaria subvención con la que la Junta financia la televisión autonómica privada que, en régimen de monopolio, opera en la comunidad en Castilla y León tras la concesión pública otorgada en su día por la consejería de Fomento. Alrededor de 22 millones de euracos a fondo perdido a los que se añade alguno que otro más en concepto de publicidad. Un pastón que, como sea que quien paga manda, ha dado lugar a un canal televisivo de descarado sesgo partidista conocido como "Telemañueco", o, peor aún, como "Telemuñeco".

Pero resulta que, ante tan descarada instrumentación política de un medio privado financiado con dinero público, la oposición ha puesto pie en pared promoviendo una reforma legislativa que, de aprobarse, pondría coto a ese abuso partidista, estableciendo un control parlamentario de este engendro televisivo. Lo cual ha puesto de los nervios a Fonsi, que ni por asomo esperaba un "contubernio" de la oposición que, desde Vox a Podemos, abriera este frente.

Vengo sosteniendo que, vista la insostenible situación parlamentaria del gobierno Mañueco, que no dispone de ningún otro apoyo estable en las Cortes que el de los 31 procuradores del PP (diez menos de los que marcan la mayoría absoluta) Fonsi no va a agotar la legislatura y que adelantará las elecciones al próximo otoño. Esa precariedad parlamentaria -que le llevaría, si se diera el caso, a perder una eventual cuestión de confianza- le conducirá a la vuelta del verano a una situación peliaguda: volver a carecer de apoyos para presentar los Presupuestos de 2026. Y esta vez no colarán trucos como el de presentar un ficticio "anteproyecto" como el del pasado mes de octubre.

Para evitar el bochorno de no presentar Presupuestos durante dos años consecutivos, Mañueco no tiene otra salida que la de volver a adelantar los comicios. Si a ello se añade, que ese adelanto dejaría colgada de la brocha la reforma que le privará del control exclusivo y excluyente del canal autonómico, la cosa parece cantada. Y aunque "Fonsi" y los suyos no se han cansado de repetir que agotarán la legislatura, la excusa para hacerlo también está cantada: dirán que convocar a las urnas seis meses antes no puede considerarse un adelanto sino un mero anticipo técnico.

Al tiempo. Pero al PP de Mañueco le siguen creciendo los enanos. Y de lo que no se va a librar Fonsi es de otro clamoroso fracaso en su política audiovisual, el derivado de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia que declara nula de pleno derecho la adjudicación de las 124 licencias de radio perpetrada por la Junta en 2022. Un nuevo fiasco jurídico -iniciado por la consejería de Fomento de Juan Carlos "Rey Sol" Suárez Quiñones y culminado por la de Transformación Digital de María González Corral- originado por un desacomplejado sectarismo ideológico que condujo a la concesión ilegal nada menos que de 27 licencia a "Radio María", amén de primar igualmente a los medios afines: 11 a la COPE, 11 a Onda Cero y 11 a Radio Marca (de Unión Editorial, grupo titular de "El Mundo"). Ahora, la Junta tendrá que iniciar de nuevo el proceso, lo que no impedirá que "Radio María" y demás acólitos continúen emitiendo en situación de alegalidad. Faltaría más.

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